Los expertos abogan por la simplificación de la legislación y del procedimiento urbanístico para no bloquear el desarrollo de las ciudades

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Los expertos abogan por la simplificación de la legislación y del procedimiento urbanístico para no bloquear el desarrollo de las ciudades

El farragoso proceso administrativo y legislativo que regula el urbanismo en España necesita una drástica revisión si se quiere evitar entorpecer el desarrollo de las ciudades. Las competencias repartidas entre comunidades autónomas, municipios y Estado, pero, sobre todo, la recurrente judicialización del urbanismo son los obstáculos que acaban reduciendo la capacidad y efectividad de todos los agentes implicados.

Esta es la principal conclusión del debate que mantuvieron los catedráticos de Derecho Administrativo, Antonio Jiménez Blanco y Luciano Parejo Alfonso, moderados por Felipe Iglesias, profesor de Derecho Administrativo y abogado urbanista en Uría Menéndez, en un encuentro organizado por la patronal inmobiliaria Asprima.

“Los proyectos inmobiliarios tardan mucho, demasiado, en salir adelante”. Iglesias abría con esta idea un encuentro en el que se analizó la situación del planeamiento urbanístico en España, empezando por los efectos devastadores que produce la anulación de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una reacción en cadena que invalida y deja sin efecto, muchos años después, edificaciones y actuaciones urbanísticas realizadas al amparo del Plan anulado.

Los catedráticos coincidieron en que la legislación debería admitir la posibilidad de subsanar, antes de dictar sentencia, eventuales fallos apreciados en los planes y demás instrumentos urbanísticos impugnados ante los tribunales, en lugar de anularlos por completo como sucede ahora. “Cuando se anula un plan, cae en cascada toda la cadena urbanística y esto prolonga los procesos de planeamiento incluso más de 20 años”, explicó Parejo. Algo que, a menudo, provoca una paralización del crecimiento de las ciudades o que éstas sigan creciendo sin un plan vigente.

Encuentro organizado por la patronal inmobiliaria Asprima

Los catedráticos de Derecho Administrativo, Antonio Jiménez Blanco y Luciano Parejo Alfonso, y Felipe Iglesias, profesor de Derecho Administrativo y abogado urbanista en Uría Menéndez, en el encuentro organizado por Asprima

Por otro lado, otro de los problemas de los instrumentos de planeamiento es que pretenden regular hasta el último detalle del proceso urbanístico, lo que deja poca capacidad de adaptación, precisamente en un momento en el que la sociedad evoluciona a un ritmo cada vez más rápido, que requiere flexibilidad por parte de quien regula y administra. Por esta razón, los planes pierden rápidamente su capacidad de respuesta oportuna, quedando desconectados de la realidad social.

Los catedráticos valoraron positivamente que el Ministerio de Fomento haya tomado cartas en el asunto y esté trabajando en un proyecto de ley sobre la Seguridad Jurídica en el Urbanismo, aunque destacaron las múltiples incógnitas sobre la dirección hacia la que se dirigirá la reforma. De la misma forma, desearon una mejor coordinación de competencias entre los poderes estatales, autonómicos y municipales.

Operación Chamartín: un proyecto necesario para la ciudad

Los expertos se refirieron a la Operación Chamartín, como ejemplo de un “proyecto relevante y necesario para la ciudad”, que acumula más de dos décadas de retraso debido a las dificultades administrativas y judiciales encontradas en el camino.

En su opinión, se trata de un buen caso para comprender, por un lado, los problemas que causan el exceso regulatorio y la complejidad normativa y procedimental  en materia de urbanismo y, por otra parte, el irreparable daño que tal situación provoca a las ciudades que constituyen el marco de la vida social y de la convivencia ciudadana.

“En cualquier otra ciudad del mundo un proyecto como éste ya estaría en marcha”, han concluido.

2018-02-28T13:01:15+00:00 28-02-18|DCN, Destacadas, Noticias|

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